El Gobierno ultima el Real Decreto de centros de datos: nuevas exigencias de eficiencia energética, agua y energías renovable

El Gobierno quiere aprobar antes del 29 de noviembre el nuevo Real Decreto de centros de datos, una normativa que establecerá requisitos más estrictos de sostenibilidad energética, eficiencia hídrica, resiliencia y soberanía digital. El proyecto, remitido al Consejo de Estado para continuar su tramitación, introduce ajustes en las condiciones de suministro renovable y en los criterios de correlación horaria, además de adaptar las exigencias de eficiencia energética a las zonas climáticas.

La iniciativa responde al crecimiento acelerado de estas infraestructuras, impulsado especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial, y a su impacto sobre la demanda eléctrica. El objetivo es atraer nuevas inversiones tecnológicas sin comprometer la disponibilidad de energía para otras actividades económicas ni trasladar los costes asociados al conjunto de los consumidores.

El nuevo Real Decreto de centros de datos avanza hacia su aprobación

El proyecto normativo fue sometido a audiencia pública entre agosto y septiembre de 2026 y recibió alrededor de 600 alegaciones. Durante su tramitación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó revisar determinados aspectos relacionados con la adicionalidad de la generación renovable y la correlación horaria entre producción y consumo eléctrico.

El texto enviado al Consejo de Estado incorpora cambios en estas materias y mantiene los principios esenciales de la propuesta inicial. La remisión a este órgano consultivo constituye un paso previo a su eventual aprobación por el Consejo de Ministros, por lo que las condiciones definitivas todavía podrían modificarse.

El Ejecutivo pretende que el desarrollo de los centros de datos avance de forma compatible con la transición energética y con las necesidades de electrificación de la economía española.

Energías renovables: nuevas condiciones para cubrir el consumo eléctrico

Uno de los pilares del futuro Real Decreto de centros de datos será la obligación de vincular una parte sustancial del consumo eléctrico a nueva generación renovable. El proyecto establece un objetivo de correlación horaria del 80 % durante todo el año, con ajustes para facilitar su cumplimiento.

En materia de adicionalidad, el texto introduce dos cambios relevantes. Por un lado, la generación fotovoltaica se considerará adicional con independencia de su fecha de puesta en servicio. Por otro, el plazo para que el resto de las tecnologías renovables puedan obtener esta consideración se amplía de 18 a 36 meses.

La finalidad es adaptar los requisitos a los diferentes tiempos de desarrollo y tramitación de las instalaciones de generación y de los propios centros de datos.

También se precisan las condiciones para utilizar sistemas de almacenamiento energético, tanto asociados a instalaciones renovables como independientes, a la hora de cumplir los objetivos de correlación entre producción y consumo.

El proyecto incorpora, además, una vía escalonada opcional de hasta cinco años para los centros que necesiten más tiempo para alcanzar el objetivo del 80 %. Esta alternativa contempla niveles progresivos de cumplimiento, con porcentajes específicos en las horas punta y en otros periodos horarios.

A cambio, las instalaciones que se acojan a esta modalidad deberán aceptar la posibilidad de ser desconectadas de la red cuando el sistema eléctrico lo necesite.

Eficiencia energética: un PUE máximo de 1,15

La eficiencia energética será otro de los aspectos determinantes de la nueva regulación. Los centros incluidos en su ámbito de aplicación deberán alcanzar los requisitos correspondientes a la futura clase A del sistema europeo de etiquetado de centros de datos.

Hasta que este sistema resulte aplicable, previsiblemente en agosto de 2027, el proyecto establece un valor transitorio máximo de 1,15 para el indicador PUE (Power Usage Effectiveness).

Este parámetro mide la relación entre el consumo energético total de una instalación y la energía utilizada directamente por sus equipos informáticos. Cuanto más próximo se encuentra a 1, menor es el peso del consumo destinado a servicios auxiliares, como refrigeración, ventilación y alimentación eléctrica.

El límite previsto exigirá prestar especial atención al diseño de las instalaciones y a la elección de las tecnologías de climatización y refrigeración. Soluciones como el free-cooling, la refrigeración líquida, los sistemas de velocidad variable y la monitorización mediante plataformas DCIM pueden contribuir a reducir el consumo energético.

El proyecto también contempla tener en cuenta las zonas climáticas a la hora de establecer los criterios de eficiencia, lo que podría influir directamente en el diseño de los sistemas térmicos según la ubicación de cada centro.

Consumo de agua: el indicador WUE tendrá un límite de 0,1

La propuesta establece igualmente condiciones específicas para mejorar la eficiencia hídrica. Durante el periodo transitorio, el indicador WUE (Water Usage Effectiveness) tendrá un valor máximo de 0,1, calculado conforme a la metodología recogida en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.

Este indicador permite evaluar el uso del agua asociado al funcionamiento de los centros de datos. Su importancia es especialmente relevante en instalaciones que utilizan tecnologías de refrigeración evaporativa u otros sistemas que requieren agua para evacuar el calor generado por los servidores.

La combinación de los límites de PUE y WUE obligará a valorar conjuntamente el consumo eléctrico y el hídrico al seleccionar las soluciones de refrigeración. El reto será mantener el rendimiento térmico de las instalaciones reduciendo, al mismo tiempo, el uso de recursos.

¿Qué centros de datos estarán sujetos a las nuevas obligaciones?

Las principales exigencias del proyecto se aplicarán a los centros de datos cuya potencia de acceso a las redes de transporte o distribución sea igual o superior a 1 MW.

El Gobierno justifica este umbral por la incidencia que estas infraestructuras pueden tener sobre la capacidad disponible de la red eléctrica y sobre los recursos energéticos, hídricos y territoriales.

No obstante, la propuesta también incluye obligaciones de transparencia para instalaciones de menor tamaño. Los centros de datos con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kW deberán recopilar y publicar información sobre rendimiento energético, utilización de energías renovables, huella hídrica y características de su demanda.

Estas medidas pretenden facilitar el seguimiento de su impacto y favorecer una asignación de la capacidad de acceso a la red vinculada a proyectos suficientemente maduros y comprometidos con los objetivos de sostenibilidad.

Soberanía digital y protección de los datos

El Real Decreto no se limita a establecer condiciones energéticas y medioambientales. También incorpora requisitos relacionados con la resiliencia y la soberanía digital.

Entre ellos figuran condiciones sobre el establecimiento de los operadores dentro de la Unión Europea, la trazabilidad del soporte prestado desde terceros países y las garantías aplicables a subcontratistas y transferencias internacionales de información.

En el caso de los centros que alojen sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, el proyecto establece que los datos bajo control de las entidades públicas deberán tratarse, almacenarse y transferirse exclusivamente dentro de la Unión Europea. Esta obligación incluye metadatos, registros, información de telemetría, réplicas y copias de seguridad.

Incumplimientos: posibles recargos y pérdida del acceso a la red

La propuesta contempla mecanismos de seguimiento semestral para comprobar el cumplimiento de las obligaciones y favorecer la mejora continua de las instalaciones.

El incumplimiento podría tener consecuencias económicas y administrativas. Entre las medidas previstas figuran recargos sobre los peajes y cargos eléctricos y, en los casos de incumplimiento significativo y reiterado, la posible pérdida del derecho asociado a los permisos de acceso y conexión.

El objetivo es evitar que los costes derivados de una integración ineficiente de los nuevos consumos eléctricos recaigan sobre el conjunto de los consumidores.

Según la memoria del proyecto, desde finales de 2023 se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte, mientras que las redes de distribución han otorgado alrededor de otros 6 GW desde 2020.

Estas cifras reflejan la dimensión del crecimiento previsto y explican la voluntad del Ejecutivo de acompasar el despliegue digital con la capacidad energética disponible.

La refrigeración será clave para cumplir la nueva normativa

Los requisitos de eficiencia energética y consumo de agua tendrán consecuencias directas sobre el diseño y la explotación de los centros de datos. La elección de tecnologías capaces de evacuar grandes cargas térmicas con un uso reducido de electricidad y agua será determinante para alcanzar los límites previstos.

La refrigeración líquida directa al chip, el free-cooling, el confinamiento de pasillos, la recuperación del calor residual y los sistemas avanzados de monitorización ganarán relevancia en la planificación de estas instalaciones.

En definitiva, el futuro Real Decreto de centros de datos busca compatibilizar el crecimiento de la infraestructura digital con la sostenibilidad energética, el uso responsable del agua y la protección de la soberanía digital. Su aprobación definitiva marcará un nuevo marco de exigencias para el sector, aunque los requisitos descritos siguen sujetos a la conclusión de la tramitación normativa.